Hace menos de un mes, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, afirmó en FITUR que uno de los pilares fundamentales de su administración es mejorar la redistribución del crecimiento económico del país. Según su planteamiento, una economía en crecimiento debe traducirse en mejoras reales para toda la ciudadanía, reduciendo desigualdades y garantizando oportunidades para todos, independientemente de su situación socioeconómica. Sin embargo, en contradicción con los principios que dice defender este gobierno, existen comunidades autónomas como el País Vasco o Navarra que operan bajo un régimen fiscal diferente. A pesar de ser dos de las regiones con mayor renta per cápita, reciben más recursos de los que aportan, beneficiándose de un sistema que les otorga ventajas frente al régimen común de financiación autonómica.
Para analizar este fenómeno, recurriremos al Informe sobre la dimensión territorial de la actuación de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública correspondiente al ejercicio de 2014, donde se presenta el siguiente gráfico.
Este informe ofrece datos clave sobre la redistribución de recursos entre comunidades autónomas en España. En teoría, el modelo socialista propugnado por el PSOE debería garantizar que las regiones con mayor renta aporten más para beneficiar a las menos desarrolladas. Sin embargo, los datos muestran ciertas inconsistencias en esta redistribución. Uno de los puntos más llamativos es la existencia de comunidades con un PIB per cápita alto que, en lugar de contribuir netamente al sistema, reciben más recursos de los que aportan. Un caso paradigmático es el de la segunda comunidad autónoma con mayor PIB per cápita, Pais Vasco, que recibió casi 3.400 millones de euros en 2014 en lugar de aportar al sistema.
Esta anomalia se debe al llamado concierto económico vasco, mediante el cual cada provincia foral es autónoma para establecer y recaudar sus propios impuestos, necesarios para hacer frente a sus gastos. Posteriormente, esa provincia negocia con el Gobierno autonómico y central el pago de una cantidad de dinero (cupo) para abonar el coste de los servicios que proporciona el Gobierno central a la provincia foral. El problema radica en la complejidad de tasar los servicios prestados por el Gobierno central, ya que, al no existir un mercado que determine los precios, no se pueden establecer valores precisos. Esto ha provocado que el cálculo del cupo sea un proceso totalmente político, en el cual históricamente el Gobierno central ha infravalorado su cuantificación con el objetivo de conseguir el apoyo de los diputados vascos en el Congreso. Este sistema ha sido históricamente ventajoso para el País Vasco y Navarra, permitiéndoles contribuir menos de lo que correspondería si estuvieran dentro del régimen común de financiación autonómica. Como consecuencia, regiones con mayor PIB per cápita dentro del régimen común, como Madrid o Cataluña, contribuyen significativamente más, mientras que el País Vasco y Navarra no solo no participan en esta redistribución interterritorial, sino que la parasitan.
Esto significa que el País Vasco y Navarra no solo están exentos de contribuir al régimen común de financiación autonómica, evitando así la solidaridad obligatoria con las regiones menos favorecidas, a pesar de su elevada renta per cápita. Sino que, además, en lugar de aportar, terminan recibiendo más recursos de los que les corresponderían, restándolos a otras comunidades que sí participan en la redistribución. Esto no es más que una burla para el resto de los españoles, que deben presenciar cómo algunos ciudadanos reciben un trato privilegiado simplemente por su lugar de residencia. Todo esto sigue ocurriendo bajo el gobierno de SUMAR-PSOE, que se proclama como progresista y defensor de los más desfavorecidos, pero que en realidad solo le importa maximizar sus diputados. Además, este problema se agravó en 2019, durante su mandato, aunque ese es un tema que merece un análisis aparte.
